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Denunciamos posible delito de fraude y prevaricación en infraestructuras

Los portavoces de IU y Podemos en el Ayuntamiento de Córdoba, Pedro García y Cristina Pedrajas, y las viceportavoces de IU, Amparo Pernichi y Alba Doblas, han presentado este miércoles ante la Fiscalía la denuncia sobre «posible fraccionamiento de contrato, posible fraude documental e indicios que parecen indicar que hay incluso un posible delito de prevaricación» en la adjudicación de unos 600.000 euros en 21 contratos menores de la Delegación de Infraestructuras del cuarto trimestre de 2020, no sólo sobre el de la avenida de Libia.

En declaraciones a los periodistas, Pernichi ha explicado que «hoy no es un buen día para IU, ni para Podemos, al tener que acudir a la Fiscalía para denunciar hechos muy graves» y después de que «el gobierno municipal no ha dado respuesta a nada», a la vez que «no se sabe exactamente qué medidas se toman en la Delegación de Infraestructuras, ni siquiera sobre un posible expediente a un funcionario concreto».

Al respecto, ha aclarado que ellos «jamás» han ido «en contra de los funcionarios del Consistorio, ni con el hacer que tienen las empresas que trabajan para el Ayuntamiento», pero «sí hay que pedir responsabilidades políticas, tanto de la gestión que se hace en la Delegación de Infraestructura, como del propio ‘modus operandi’ que siguen desde hace ya bastante tiempo», ha aseverado.

Según ha expuesto, «ojalá hubieran dado las explicaciones pertinentes para explicar convenientemente que realmente nos estábamos equivocando en todas las conclusiones a las que estamos llegando», pero ha lamentado que «han ocultado el tema completamente», remarcando que «no es el primer caso» que denuncian desde IU y Podemos. Así, ha defendido que «llegar a Fiscalía es el último paso y estábamos en la obligación de darlo».

Por su parte, Pedrajas ha manifestado que se suman a esta denuncia «por responsabilidad política», dado que «hay indicios claramente de posibles delitos, concretamente tres», de manera que «no hay que quedarse impasibles», ha subrayado la portavoz, quien ha dicho que tienen «la obligación y responsabilidad de poner esto en la Fiscalía para que, si lo considera oportuno y ve caso, haya una investigación formal sobre este asunto».

A su juicio, «es muy lamentable tener que llegar a este extremo, porque desde el primer momento se han pedido explicaciones, documentos y expedientes», si bien «nada más que ha habido obstáculos por parte del gobierno local», ha reprochado la edil, quien ha añadido que «lo que ha corroborado más en la sospecha fundada de que hay posibles delitos es que tanto el delegado de Infraestructuras, David Dorado, y el alcalde, José María Bellido, en las primeras declaraciones que hacían incurrían en muchas contradicciones».

En este sentido, la portavoz de la formación morada cree que «aquí hay algo más y no quieren que se llegue al fondo de la cuestión», de modo que «los juzgados y la Fiscalía se encargarán de poner luz en este asunto», ha apostillado. Han invitado a que se sumen a la denuncia otras formaciones de la oposición.

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