La gran estafa fiscal

En plena campaña electoral para la Comunidad de Madrid, Moreno Bonilla y sus fuerzas de mayoría (el acuerdo se presenta de manera separada con Vox y Ciudadanos) presenta un acuerdo sobre fiscalidad que recoge y profundiza los elementos claves del acuerdo de investidura sobre tributos e impuestos.

Se toca la práctica totalidad de los impuestos cedidos a la Junta, con particular intensidad IRPF, Patrimonio, Sucesiones, Actos Jurídicos Documentales etc. La reforma según los cálculos de la misma Consejería de Hacienda tendría un impacto negativo sobre la recaudación de 329 millones (31 millones en IRPF), menguando un sistema fiscal andaluz que desde el 2015 no ha parado de sufrir medidas regresivas.

La reforma que debería desarrollarse en lo que queda de legislatura es una manera para escenificar la voluntad de agotar la legislatura y sería uno de los elementos claves de las derechas para favorecer el crecimiento y la recuperación. En la práctica es una reforma regresiva más que reduce recursos para atender a nuestros servicios públicos y a las políticas sociales que necesita Andalucía.

Las derechas, como prometieron en campaña electoral, siguen con el progresivo desmantelamiento de nuestra hacienda autonómica. El horizonte es hacer de Andalucía el paraíso para los ricos donde apenas se tase la riqueza y los grandes patrimonios y donde se premian las rentas altas.

El desmantelamiento de nuestra hacienda es algo que viene de lejos, pero las derechas han intensificado enormemente, por competir entre ellas y por competir con otros territorios en rebajas fiscales. El revés lo conocemos todos: menos recursos para nuestros servicios públicos, menos servicios para fortalecer el tejido productivo andaluz y fortalecerlo, menos recursos para políticas sociales.

329 millones que deberían ir a nuestro sistema sanitario para facilitar su vuelta a la normalidad o para reducir ratio o para garantizar un acceso a la renta mínima a los hogares que se encuentran en una situación de privación material severa (que son más de 300 mil hogares en este momento). Esto ocurre cuando juntos con Madrid somos la comunidad con el gasto per cápita más bajo en educación, cuando seguimos teniendo un gasto per cápita en sanidad muy por debajo de la media estatal…

La propuesta además es abiertamente en contra de la tendencia con lo que se está planteando desde los organismos internacionales y las instituciones económicas europeas, que apuestan para mantener el gasto, aumentar las presiones a los ricos y superricos y garantizar las políticas redistributivas para fortalecer un tipo de recuperación que sea incluyente. La pandemia puede dejar a gran parte de la población atrás como estamos viendo en todos los indicadores de pobreza y exclusión social.

La propuesta de Moreno Bonilla va justo en sentido contrario beneficiando a un número reducido de contribuyentes como en el caso del Impuesto sobre Patrimonio (que prácticamente se reduce a anecdotico) cuy reforma afecta solo a 17 mil familias andaluzas, o como la propuesta final del IRPF, que no se incluye en este primer decreto que pero en el acuerda se plantea reformar beneficiando enormemente a los 8 mil contribuyentes más ricos de nuestra comunidad autónomas. Cuando se complete la reforma, un contribuyente que gana alrededor de 300 mil euros llegará a ahorrarse unos 9 mil euros en tributo, mientras quien cobra el salario medio en nuestra tierra 0. Esta es la reform.  Una reforma pensada para la minoría a costa del sacrificio de la mayoría.

Además hay propuestas completamente absurdas y tremendamente injustas, según nuestro punto de vista:

– la deducción de 150 euros que se incluye en la práctica para los alumnos de la privada para que estudien idioma: las clases populares andaluzas, que no van a la privada, tienen que pagarle parte de la instrucción a los padres que deciden mandarles ahí, es algo no solo regresivo, sino sangrante teniendo en cuenta los malabarismos que hacen nuestras profesionales educativas. 

– el apoyo sin pudor y sin complejos al sector del juego. Desde la Junta se está fomentando y facilitando una de las mayores lacras sociales de nuestras ciudades y barrios. La heroína del siglo XXI, como ha sido definida por parte de las asociaciones de víctimas y por muchos profesionales. 

Nuestra oposición a esta reforma es profunda por todo lo que representa: menos inversión en educación y sanidad, menos protección para quien lo necesita, más desigualdad, más justicia fiscal y social. Cuando se habla de impuestos siempre tenemos que tener el cuenta el “por qué”, el “para quién” y el “para qué”. Y las respuestas a estas preguntas en este caso van justo en la dirección opuesta a lo que necesita Andalucía. La recuperación y la fase de reconstrucción, así como la pandemia ha enseñado, necesita más servicios públicos, más sanidad pública, más profesionales público, más recursos para nuestra empresas y para crear empleo de calidad, menos rentismo y menos ricos subvencionados.