Podemos pide al Gobierno andaluz que impida el acceso a nuevas licitaciones a Mersant Vigilancia
La secretaria general de Podemos Andalucía y portavoz de Unidas Podemos, Martina Velarde, ha trasladado esta mañana su apoyo a los trabajadores de la empresa Mersant Vigilancia S.L. ante la situación de “maltrato laboral” que sufren y ha instado a las administraciones autonómica y municipales a evitar cualquier nueva licitación con esta compañía hasta que no salde sus deudas con la Seguridad Social y pague la totalidad de las nóminas debidas a sus empleados. Según ha apuntado la dirigente, seguir contratando a empresas que operan desde la ilegalidad “fomenta la competencia desleal” y envía un “peligroso mensaje de tolerancia” desde el ámbito político hacia prácticas “que atentan contra la vida de las familias andaluzas”.
Las declaraciones de Velarde han tenido lugar esta mañana durante el encuentro que la secretaria general de Podemos Andalucía ha mantenido con trabajadores afectados y en el que ha comprometido el apoyo de la formación morada a sus reivindicaciones y la adopción de todas las medidas a su alcance para poner fin a la vulneración sistemática de los derechos de los trabajadores. Así, la diputada de Unidas Podemos ha afirmado que las malas prácticas de Marsant Vigilancia están causando un daño irreparable en las economías personales y en las vidas de multitud de familias, además de poner en entredicho las políticas de licitación y adjudicación de los contratos gestionados por las administraciones públicas y sufragados con el dinero de los contribuyentes. Por ello, ha reclamado al Gobierno andaluz que ponga fin al enriquecimiento de empresas “incumplidoras” que juegan impunemente con la subsistencia de sus empleados.
Mersant Vigilancia S.L. es una empresa sevillana que opera en distintos puntos de las provincias de Sevilla y Cádiz y ostenta la concesión de los servicios de seguridad en numerosos edificios públicos pertenecientes al Ayuntamiento hispalense o la Junta de Andalucía entre otros. Pese a que las administraciones son conocedoras de las irregularidades cometidas por la empresa, especialmente en lo relativo al impago de nóminas durante meses, Mersant ha seguido recibiendo contratos públicos gracias al bajo precio de las ofertas que presentan a los concursos públicos. En este sentido, Velarde ha exigido al Gobierno autonómico que deje de usar el precio de la oferta como único criterio de selección dado que ello puede suponer validar prácticas de “empresas como Mersant que sacrifican derechos laborales para mantener su viabilidad económica”.
