El Congreso da luz verde a la reforma del Ingreso Mínimo Vital
El Congreso de los Diputados ha dado luz verde a la reforma de la Ley del Ingreso Mínimo Vital (IMV), una norma aprobada en mayo de 2020 por el Consejo de Ministros “con múltiples carencias, que se hizo rápidamente para dar respuesta a la pandemia”, ha explicado la diputada andaluza de Unidas Podemos Isabel Franco, que ha sido la encargada de defender dicha ley en la tribuna del Congreso.
“Nos hemos encontrado con una ley con múltiples carencias, muchas de ellas se han resuelto con las enmiendas que hemos conseguido negociar con el PSOE hasta el último día”, ha explicado Franco, que ha señalado que “este Gobierno tiene su corazón y el centro de su trabajo en proteger a la población, en especial a la población más débil”.
Entre otros avances, la diputada por la provincia de Sevilla ha resaltado que “se ha reducido el requisito de unidad de convivencia independiente a dos años parara que las personas menores de treinta años que vivan solas puedan tener un periodo de carencia más proporcionado y adecuado a sus circunstancias vitales y se ha evitado el agravio comparativo con las familias monoparentales con cuatro o más menos a su cargo”.
“El mayor éxito del PP de Andalucía es la rebaja fiscal al 5% de la población con rentas superiores a los 80.000 euros al año, es decir, las rentas más altas. Mientras tanto la gestión de Rentas Mínimas de las que el PP nos pide que aprendamos, la vemos, precisamente, en Andalucía, con la gestión de Moreno Bonilla, donde la Renta Mínima de Inserción nació en 2018 con un presupuesto insuficiente y desde entonces el PP no ha hecho más que imponer recortes agresivos de hasta el 60%, 20 millones menos en 2021” ha denunciado Franco, que también ha señalado que cuando se aprobó el IMV “lo primero que hizo Moreno Bonilla fue mandar una carta a las ayuntamientos andaluces mandándoles a paralizar los procedimientos de la Renta Mínima andaluza”.
En Andalucía se han beneficiado ya de esta ley 251.298 personas, con un total de 105.552 resoluciones aprobadas, de los cuales 92.875 son menores de edad.
