‘Salvemos Doñana’ critica que científicos y ecologistas se hayan quedado fuera del proceso de participación de la ley para amnistiar regadíos ilegales
La Plataforma Salvemos Doñana, integrada por organizaciones ecologistas y partidos políticos, ha denunciado hoy, desde las puertas del Parlamento de Andalucía, donde comenzaba la consulta con agentes sociales dentro de la tramitación de la ley impulsada por PP, Ciudadanos y Vox, y que pretende legalizar cultivos de regadío en el Entorno Natural de Doñana (END), que “de manera intencionada”, se haya dejado fuera de la consulta a “científicos y organizaciones ecologistas”, según ha explicado su portavoz, Juan Romero.
Así, Romero ha explicado que las tres organizaciones que impulsan la ley han dejado fuera del proceso legislativo “a la Plataforma, que lleva años trabajando en defensa de la conservación del mundo de Doñana, ha dejado fuera a Ecologistas en Acción y a las organizaciones CEO-Bird Life y Estación Biológica de Doñana y al mundo de la ciencia, que es el que conoce realmente los problemas y riesgos que sufre el Parque Natural”. También ha resaltado que para este proceso se haya contado con el Consejo de Participación de Doñana que, teniendo competencias para debatir cualquier modificación, “no se ha reunido ni sabemos si se piensa convocar”.
Por su parte la secretaria de Mundo Rural y Marítimo de Podemos Andalucía, Ana Jiménez, ha lamentado que el proceso se haya convertido “en un debate en el que prácticamente solo estará representada una de las partes, la que está a favor de esta proposición de ley”, quedando fuera, “científicos, expertos, casi todos los grupos ecologistas y organismos internacionales como la UNESCO que no han sido llamados para comparecer.
Por último, la diputada de Unidas Podemos, Isabel Franco, ha resaltado que esta propuesta de ley es “autopropaganda de cara a las elecciones” y ha lamentado que “el Gobierno de Moreno Bonilla está poniendo en riesgo a los frutos rojos de Huelva” y que “en vez de proceder a la restauración hídrica del entorno lo que se haga desde el Gobierno Andaluz sea llevar a cabo un proceso de desecación”. Para finalizar, Franco ha considerado que “esta ley perjudica a toda la sociedad onubense y a su economía
