Podemos Écija reclama al Gobierno andaluz que blinde las viviendas sociales de La Alcarrachela
El portavoz de Podemos Écija y concejal en el Ayuntamiento de esta localidad, Mario Perea, ha reclamado esta mañana al Gobierno andaluz que active los mecanismos administrativos necesarios para blindar los inmuebles públicos de La Alcarrachela como viviendas de protección oficial tal como se comprometió a hacer la secretaria general de Vivienda, Alicia Martínez Martín.
El edil de Podemos ha manifestado su sorpresa ante la decisión del Ejecutivo de PP y Cs no haya ejercido su derecho de retracto en lo que respecta a este conjunto de viviendas y ha alertado del riesgo que conllevará para la población allí residente que los inmuebles pasen a formar parte de la nómina de un fondo especulativo. “Es momento de demostrar que se está del lado de la gente” ha afirmado el dirigente, que ha recordado que la Junta ya ha blindado viviendas sociales a través de la Ley de Tanteo y Retracto en otras ciudades. En este sentido, ha exigido que la administración autonómica “aparque excusas técnicas” y resuelva un problema político para dar “certidumbre” a los vecinos y vecinas de La Alcarrachela.
Podemos Écija ha manifestado asimismo su rechazo hacia la pasividad de la Consejería de Fomento, a cuyos dirigentes se había instado a intervenir en la subasta de viviendas de La Alcarrachela desde 2019. Así, y con el objetivo de evitar que las viviendas queden en manos de la especulación, Perea ha asegurado que es “hora de arremangarse y buscar soluciones entre todos”, apoyar a los vecinos de las viviendas de Estatuto de Autonomía en todo lo que decidan hacer; así como exigir al Gobierno de PP y Cs que dé garantías de que las viviendas sociales van a seguir siendo viviendas sociales y nadie va a especular con ellas.
Por último, el portavoz municipal de Podemos ha recordado que el problema que actualmente vive el barrio tiene su origen en la supresión de la empresa pública de vivienda decretada por el alcalde Ricardo Gil-Toresano (PP) en 2013, “una decisión adoptada sin pensar en la gente y bajo el pretexto de la austeridad”. Perea ha reprochado al PP que pusiera fin a un servicio público fundamental mientras gastaba más de un millón de euros para adquirir una plaza de toros en ruinas “a unos amigos suyos” y que casi diez años después siguen pagando los contribuyentes.
